El Senado Nacional convirtió en Ley un proyecto para
sancionar a quienes promuevan el trabajo infantil, aunque exceptúa de las
penalidades a los padres, tutores y guardantes de los menores de edad. La
iniciativa fue aprobada por unanimidad por todos los bloques que conforman la
Cámara alta, en un debate que fue seguido por el ministro de Trabajo de la
Nación, Carlos Tomada, desde uno de los palcos del recinto. El proyecto
modifica el Código Penal al agregar el artículo 148 bis, que establece que será
reprimido con prisión de uno a cuatro años al que aprovechare económicamente el
trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el
trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.
No obstante, la norma exceptúa de la penalización las tareas
que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente, en referencia
a los trabajos que, por ejemplo, se realizan en talleres de escuelas técnicas.
El último párrafo de la Ley también advierte que no será
punible el padre, madre, tutor o guardador del menor que incurriere en la
conducta descripta.
La norma fue debatida solamente en la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, pero no en la de Trabajo, algo que fue reclamado por la UCR.
El radicalismo, en el debate en particular en el recinto de
sesiones, también destacó su oposición con uno de los párrafos de la ley, al
criticar que no se contempla la legislación laboral para penalizar el trabajo
infantil.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el
entrerriano Pedro Guastavino, justificó que no se pene a los padres
argumentando que mal podemos ayudar a ese sector vulnerable persiguiendo
penalmente a los progenitores y "metiéndolos presos".
“La persecución debe estar dada a esos empresarios que explotan
a los niños para sacar provecho económico”, sentenció el legislador
kirchnerista para luego decir que lo importante es tener una Ley posible y
permitir cerrar este círculo para que haya una persecución penal, porque no
bastaron los controles y las multas.
Sin embargo, el radicalismo se quejó porque la norma
contradice la Ley de Trabajo que prohíbe el trabajo infantil y que establece
que sólo pueden trabajar los menores de entre 14 y 16 años siempre que lo hagan
en una empresa familiar y durante no más de 15 horas semanales.
En ese sentido, el formoseño Luis Naidenoff dijo que donde
están los chicos limpiando los autos, están los padres en las esquinas
enviándolos a trabajar.
Por el contrario, el jefe del bloque de senadores del Frente
para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, pidió acompañar esta ley sin tantas
pontificaciones y aprovechó para fustigar los dichos de la justicialista
disidente por Salta, Sonia Escudero, quien había dicho en su discurso que en su
provincia las niñas se embarazan para cobrar la Asignación Universal y no
trabajar.
“No quiero responder esos discursos de señora gorda que dice
que las chicas se embarazan para no trabajar”, sentenció.
Al mismo tiempo, el bonaerense Aníbal Fernández dijo que si
bien la explotación infantil es una realidad penosa, destacó que el proyecto
aprobado hoy es un paso más.”No condicionemos esto a una situación penal porque
le estaremos creando a los padres una condición diez veces más grave.La
solución no es mágica”, sentenció.
En el mismo sentido se expresaron la justicialista disidente
Liliana Negre de Alonso y el integrante del interbloque del FAP, Luis Juez,
quienes coincidieron en votar el proyecto que solamente incorpora al Código
Penal una figura delictiva que antes no existía.
Fuente: http://www.conciliacionobligatoria.com/